El turismo colaborativo ha experimentado un rápido crecimiento durante los últimos años y ha marcado una tendencia nueva en la forma de viajar y un nuevo modelo de negocio. Sin embargo, aún quedan ciertas incógnitas en el marco normativo que rige las acciones que se desarrollan dentro de este sector. Precisamente, el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba SEJ 196, dirigido por Rafael Pizarro, está desarrollando un proyecto de excelencia orientado a despejar algunas de estas dudas de carácter normativo.
El proyecto, tal y como señala el investigador Rafael Pizarro, tiene como objetivo ofrecer una agenda de propuestas normativas e interpretativas del ordenamiento jurídico aplicable al turismo colaborativo, así como la adopción de las medidas administrativas adecuadas que contribuyan a proporcionar una seguridad y claridad jurídica “que necesitan los inversores, los usuarios y los profesionales del sector turístico andaluz”, un sector que, por otro lado, “está necesitado de mejora y actualización notable”. Por ello, el trabajo se centrará en la protección de los las personas consumidoras por parte de las Administraciones públicas, además de garantizar sus derechos y determinar la responsabilidad del Estado en su actuación.
Se trata de un trabajo investigador jurídico de carácter transversal que, aunque se centra en el marco normativo turístico de Andalucía, se extiende a otras comunidades autónomas, en las que está muy presente este tipo de turismo. Además, también contempla ordenamientos reguladores de otros países como Portugal, Colombia, Argentina, México, Venezuela y Uruguay.
En este sentido, el proyecto aborda, no solo el régimen jurídico-público del turismo colaborativo, sino que también incluye el análisis de la regulación (y la desregulación) del derecho privado (mercantil, civil y laboral). De esta forma, la investigadora Teresa Acosta estudia las competencias y el marco normativo de la Unión Europea; José Manuel Serrano y Jorge Moya están abordando el nuevo concepto de consumidor y empresario en este modelo turístico colaborativo y Antonia Paniza está analizando los servicios objeto del turismo colaborativo. Así mismo, Inmaculada González y José Manuel Serrano determinarán cómo afecta el turismo colaborativo al principio de libre competencia y la prohibición de la competencia desleal. El investigador Manuel Izquierdo, por su parte, analizará el régimen administrativo de protección de los derechos esenciales de los consumidores y usuarios de estos servicios turísticos y Rafael Pizarro abordará el control administrativo sobre las empresas de turismo colaborativo. Por último, María Luisa Roca y Raúl Pérez están estudiando el régimen específico del alojamiento colaborativo.
En el marco del proyecto, que culminará a finales 2021, se realizaran distintas actividades de difusión, como la celebración del I Congreso Internacional del Derecho turístico colaborativo o la divulgación didáctica de los resultados y propuestas legislativas a las Administraciones y asociaciones empresariales interesadas.
Este trabajo se engloba en la línea de investigación del grupo, que se encarga del estudio de las transformaciones que experimenta el marco jurídico y las actividades de las Administraciones públicas (de hecho, ha desarrollado varios trabajos de asistencia a la Junta y a distintos Ayuntamientos, gestionados por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la institución universitaria) en los distintos sectores económicos y sociales en los que actúa.